Así funciona la estructura oficialista que graba las llamadas telefónicas de la oposición

Según la abogada Laura Acosta. “Solo con orden judicial se puede intervenir teléfonos, y eso lo haría Procuradoría General de la República, nunca el Ministerio de Interior y Policía”

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La Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología en su artículo 9 establece que “El  hecho de interceptar, intervenir, injerir, detener, espiar, escuchar, desviar, grabar u observar, en cualquier forma, un dato,  una  señal  o  una transmisión de  datos  o  señales,  perteneciente  a otra  persona  por propia cuenta o por encargo de otro, sin autorización previa de un juez competente, desde, a través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones,  o  de  las  emisiones  originadas  por  éstos,  materializando voluntaria  e intencionalmente  la  violación del  secreto,  la  intimidad  y  la  privacidad  de  las  personas físicas o morales, se sancionará con la pena de uno a tres años de prisión y multa de veinte a  cien  veces  el  salario  mínimo,  sin  perjuicio  de  las  sanciones  administrativas”.

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